Leo hoy en el periódico una noticia sobre lo mal que va Galicia en la economía sumergida. Según esa noticia los gallegos estamos defraudando a las arcas públicas en casi 5.000 millones, lo que ronda el 9% del PIB. En esa misma noticia se hace mención a lo que ganaría el Estado con en recaudaciones si ese empleo sumergido saliese a la luz en forma de cotizaciones. Por supuesto también se comenta que hay que actuar con mano dura, y no dar tregua a esos criminales. “Nada de amnistías” dicen todas las asociaciones (sobre todo sindicatos).
Creo que antes de criticar una acción o más bien una situación, hay que analizarla en profundidad para ver el por qué ocurre. En medicina se puede hablar de la lucha contra los síntomas o la lucha contra la enfermedad. Pongamos por ejemplo que un paciente se acerca a un médico porque tiene una serie de síntomas: A, B y C. El médico le receta entonces una medicina contra A, una contra B y una contra C y ahí se queda la cosa. Mientras dura el tratamiento, el paciente se encuentra mejor, pero como la enfermedad sigue estando dentro, en cuanto deje el tratamiento, o bien avance la enfermedad, o bien su cuerpo se acostumbre a la medicación, al final volverá a mostrar esos síntomas. Si por el contrario el médico, al analizarlo, descubre que esos síntomas pertenecen a la enfermedad X, al tratar dicha enfermedad evita que vuelva a aparecer.
Pues en el tema económico estamos exactamente igual. Por una parte tenemos una serie de síntomas: Aumento de paro, desaparición de empleo, incremento del empleo sumergido, disminución de ingresos por impuestos, etc. Por otra tenemos la enfermedad en sí: la elevada carga fiscal y legal que sufre la población (en realidad la enfermedad final es el Estado, pero por ahora dejémoslo en una de sus enfermedades “laterales”).
¿Cómo luchan los gobiernos contra esta situación? Lo de siempre, aumentando impuestos, imponiendo multas, aumentando el gasto (aumenta la burocracia asociada, pues si hay que “luchar” contra esto, hay que aumentar el número de funcionarios que se dedican a inspeccionar, así como también toda la carga burocrática que traen consigo, además de todos los puestos, también empleados del Estado, que van asociados)… ¿Y quién paga todo esto? Pues los de siempre, los ciudadanos. Es decir, para luchar contra los delincuentes, los que son “legales” tienen que pagar todavía más para que “papacito Estado” los cuide. Con lo que esos legales llegan al punto en que no pueden seguir pagando y pasan a ser “criminales”, por lo que “papacito Estado” tendrá que recaudar aún más para poder perseguir a los nuevos criminales que han aparecido…
Es un círculo vicioso que conduce inexorablemente hacia la total y absoluta destrucción de empleo y estabilidad.
Si existe economía sumergida no es porque la gente “quiera” ser ilegal, criminal, perseguida y “odiada”. Existe porque “papacito Estado” nos obliga a ello. Si un empleador necesita de 2 empleados, pero por la carga legal y fiscal que le cae encima no puede contratarlos, lo hará en “negro”. Si un empleado necesita trabajar, pero no puede encontrar trabajo porque con la legislación actual nadie puede contratarlo, pues empezará a trabajar en “negro” para poder llegar a fin de mes.
Dentro de la economía sumergida tenemos a aquellos que buscan ahorrarse un dinero de forma plenamente consciente y sin necesidad real de ello. Pero también tenemos a aquellos que se han transformado en ilegales porque no les ha quedado más remedio. Y estos últimos son la mayoría.
¿A cuanta gente conocemos que se dedica a hacer “chapucillas” para ganarse un dinero que les permita llegar a fin de mes? Todos conocemos a alguien así. Pues esa persona es un “criminal” ya que pertenece a la “economía sumergida”. Un autónomo que ha tenido que darse de baja de ese régimen porque no le llega el dinero, pero que sigue trabajando igualmente porque es la única manera que tiene de poder tener un plato caliente en la mesa. Ese también es un “criminal”. Un empleado y un empleador que, en vista de la situación, deciden de mutuo acuerdo trabajar más horas, pero sin declararlos y así ambos ganan más. Ellos también son “criminales”.
En resumen… toda la ciudadanía es criminal, después de todo, ¿quién no busca el resquicio para así pagar lo menos posible de impuestos? Todos, en alguna ocasión, hemos comprado algo “sin factura”. Todos, en alguna ocasión, hemos “olvidado” pagar algún impuesto. Todos somos criminales, peores incluso que aquellos que tienen sangre en sus manos, peores que los violadores, peores que los pederastas. Somos lo peor de lo peor. Somos “economía sumergida”.
Ningún político se ha planteado que, tal vez, la causa de todo esto se encuentre en el férreo control bajo el que estamos. Tal vez la causa se encuentre en la elevada carga fiscal que nos toca pagar. Tal vez la causa se encuentre en la ausencia de libertad real que nos ha tocado vivir. Y tal vez eliminando (o, puesto que eso sería casi imposible, reduciendo al máximo) esas causas, la gente deje de estar “sumergida” y pueda por fin salir a flote.
Si a la ciudadanía se le da la opción de elegir entre ser legal y ser ilegal, la inmensa mayoría se decantará por la legalidad. Los pocos que se moverían por el otro camino, lo harían en cualquier circunstancia, por lo que los vamos a dejar un poco de lado, hasta el final. Centrándonos en aquellos que “quieren” ser legales, ¿por qué no lo son? Porque las circunstancias no se lo permiten. Si a la ciudadanía se le bajan los impuestos hasta límites aceptables, la gran mayoría preferiría pagar. Si a la ciudadanía se le baja la “imposición legal” hasta límites aceptables, la gran mayoría cumpliría las leyes. Si por el contrario, para lograr que la gente sea “legal” se incrementan los impuestos y las leyes… lo único que conseguimos es que aquellos pocos que quedaban cumplidores, se pasen al otro bando.
Ahora pasemos a aquellos que no quieren ser legales. Una persona que no quiere cumplir las normas, independientemente de cuáles sean dichas normas, da igual la medida, da igual la forma, al final hará lo que quiera. Por lo que no se puede “luchar” contra ellos con “normas” (después de todo no las van a cumplir), y sólo se consigue que, al crear nuevas normas, aparezca más gente que no pueda (y no quiera) cumplirlas.
Cada día que pasa, más gente se da cuenta de que “papacito Estado” no sirve para nada (perdón, miento, sirve para vivir bien a costa del trabajo de sus esclavos... súbditos). Pero aún así, cada día que pasa, los gobiernos siguen apretando más y más y más. Y cuanto más aprietan, más voces escuchamos “justificando” esos hechos. Como decía esa noticia. Los que más protestaban contra la “economía sumergida” y los que más “mano dura” reclamaban, eran los sindicatos, es decir, asociaciones que viven de las subvenciones del Estado, y que necesitan de éste (tanto a nivel legal como económico) para sobrevivir. Pero si en lugar de preguntar a quién no es más que un “perro del Estado”, se le preguntase a la gente de a pie… seguro que las respuestas serían muy distintas. Seguro que la mayoría responderían lo mismo: “Menos impuestos”, “Menos leyes”, “Menos tonterías”.
Pero mientras exista gente que justifique el abuso de poder (y no me refiero a aquellos que viven de él, sino a la gente de la calle, a la cual le han lavado tanto el cerebro que se cree que no puede vivir de otra forma), esto no cambiará. Seguirán pisándonos, seguirán atropellándonos… y lo peor de todo… seguiremos aceptándolo.
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